El triunfo del NO y la contraofensiva de las élites
Lo ocurrido con la consulta popular y referéndum el 16 de noviembre de 2025 no fue un episodio aislado, sino un momento clave en una historia más larga. El resultado marcó un límite político importante: una mayoría clara dijo NO a las cuatro preguntas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, incluyendo la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para sustituir la Constitución de 2008. Ese NO no fue únicamente un rechazo a un paquete de reformas. Fue una desautorización social a la pretensión de reordenar el campo político e institucional desde arriba, en un proceso acelerado, con escaso debate público y con un diseño de preguntas que concentraba la capacidad de rediseñar el Estado en el Ejecutivo y sus aliados. Sin embargo, lejos de producir una pausa y una revisión de la hoja de ruta, el revés en las urnas dio paso a una rápida contraofensiva normativa. El mensaje de las élites políticas y económicas parece ser nítido: si el electorado bloquea el camino constituyente explícito, se recurre a una serie de reformas legales encadenadas para alcanzar, por tramos, un resultado similar. Lo que no consiguieron de una sola vez, intentan obtenerlo por partes, a través de reformas sucesivas que van modificando las reglas del juego. En teoría constitucional distinguimos entre poder constituyente –originario, popular– y poderes constituidos, sometidos a límites. En la práctica ecuatoriana reciente, asistimos a algo distinto: un intento de “poder constituyente de las élites” que opera por acumulación de reformas, consultas parciales, estados de excepción y leyes tramitadas con procedimientos abreviados. La consulta del 16 de noviembre buscaba abrir una vía directa para reescribir la Constitución y alterar elementos sensibles del diseño institucional: soberanía territorial, financiamiento público de los partidos, representación parlamentaria. El NO interrumpió ese movimiento. Pero el proyecto político que estaba detrás no se ha retirado: se ha desplazado a otros terrenos, especialmente a la legislación ordinaria, a las reformas laborales, a la regulación del empleo público y de la libertad sindical. Lo que no logra consolidarse en clave constituyente abierta se intenta reinstalar como “técnica de gestión”, “optimización del talento humano” o “fortalecimiento del trabajo”. En este contexto, las afectaciones a las y los trabajadores no se agotan en lo que estaba implícito en las preguntas de la consulta. Están en el corazón de las reformas concretas que se tramitaban antes del referéndum y que se aceleran inmediatamente después de su derrota. Un ejemplo elocuente es la nueva reforma laboral que la Asamblea debate bajo el nombre de “Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado”. Este proyecto reincorpora, casi sin variaciones, alrededor de treinta artículos de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y retoma esquemas de evaluación, supresión de puestos, desvinculación y jubilación anticipada en el sector público; además de introducir ajustes a disposiciones sobre libertad sindical en el Código del Trabajo. No es un relleno técnico tras la caída de la LOIP, sino la insistencia en un modelo de administración pública y de relaciones de trabajo que desplaza el eje desde los derechos hacia la disciplina, la evaluación permanente y la fragilización de la estabilidad. Este movimiento se suma a otros intentos de reformar la legislación laboral para “regular la transparencia y alternabilidad” en organizaciones sindicales. Detrás de ese lenguaje aparece un objetivo reconocible: intervenir en la vida interna de las organizaciones de las y los trabajadores, limitar su autonomía, condicionar su registro y funcionamiento. La ley se convierte así en uno de los principales instrumentos de una contrarreforma permanente: un laboratorio en el que se prueba, se retira y se vuelve a introducir la misma matriz de control y precarización, hasta que encuentre el momento político propicio para quedarse. Pero aquí conviene hacer memoria larga. No estamos frente a la primera ofensiva contra el trabajo y la organización sindical en Ecuador. Llevamos más de cuarenta años de reformas laborales regresivas: flexibilización, contratos temporales y “emergentes”, privatizaciones, recortes a la seguridad social, intentos de criminalizar la protesta, normas que buscaron transformar la estabilidad en excepción. Las élites han cambiado de nombres, de partidos y de discursos, pero el sentido de las reformas ha sido notablemente constante. Y, sin embargo, pese a todo eso, el movimiento sindical organizado sigue aquí. No como una reliquia, sino como un actor que ha resistido dictaduras, paquetazos, ajustes estructurales, “modernizaciones” y ahora este nuevo ciclo de contrarreformas. Cada convenio colectivo firmado, cada sindicato que se mantiene, cada organización que logra sobrevivir a la sucesión de reformas es la prueba de que esa contraofensiva no ha sido ni total ni irreversible. En ese plano también hay un poder constituyente continuo, ejercido desde abajo: la capacidad de las y los trabajadores de sostener derechos, reconstruir organización y reponer, una y otra vez, la idea de que el trabajo no es mercancía y de que la Constitución de 2008 debe leerse como un pacto garantista, no como un obstáculo a la “eficiencia”. Vista en conjunto, la secuencia actual es clara: por un lado, un intento de reestructurar el marco constitucional a través de una consulta apresurada, con una propuesta de Constituyente que habría permitido reabrir, entre otras cosas, el capítulo de derechos laborales, de seguridad social y de organización colectiva; por otro, una batería de normas ordinarias que, aun sin cambiar el texto constitucional, modifican las condiciones materiales de ejercicio de esos derechos. Para las y los trabajadores, esto se traduce en mayor inestabilidad en el empleo público, mayor capacidad de control estatal y empresarial sobre la organización sindical y un clima de precarización política en el que se pretende naturalizar que ninguna conquista es definitiva. El poder constituyente de las élites no necesita necesariamente una Asamblea Constituyente: puede operar, como ahora, mediante un proceso de desgaste, fragmentado y técnicamente presentado, que va reconfigurando el campo de posibilidades para las y los trabajadores mientras la letra constitucional permanece, en apariencia, intacta. Del otro lado, persiste un poder constituyente continuo desde